Publicado originalmente en El Salto Diario
Una inmigrante guatemalteca se refugia en una iglesia para evitar la deportación y la separación de sus hijos. El gobierno, sin ningún plan para reunificar a las familias, está teniendo problemas para emparejar a los niños con sus progenitores.
Nueva York
Debora Barrios tiene 32 años y desde hace un mes vive encerrada en la iglesia metodista St.Paul y St. Andrew, en el barrio Upper East Side de Manhattan. Decidió entrar en un santuario físico para huir de la deportación. Debora nació en Guatemala y lleva trece años viviendo en Nueva York. Durante todo este tiempo, realizó diferentes trabajos, desde limpiar casas a cajera de supermercado, y pagó sus impuestos. Más adelante, consiguió trabajo en una organización sin ánimo de lucro que opera en diferentes guarderías y recientemente fue promovida como auxiliar de profesora. Debora quiere continuar sus estudios, además de seguir realizando voluntariado en la comunidad.
Pero inmigración quiere que Debora regrese a su país.
En febrero, un juez ordenó que debía ser deportada a partir del 18 de mayo. Ante la realidad de verse separada de sus hijos, y después de ver en la televisión el caso de otra mujer que había tomado santuario, Debora decidió encerrarse y resistir.
“Bienvenidos a mi casa”, con esta frase recibió a los medios de comunicación en la iglesia. Hizo su caso público para pedir al director del Servicio de Inmigración y Aduanas de Nueva York, ICE, por sus siglas en inglés, que revisara su caso y para denunciar lo que muchas familias viven desde hace mucho tiempo: el miedo a la deportación y la separación.
De momento lo muros de la iglesia protegen a Debora pero no son una garantía. Si el ICE quisiera, podría entrar y arrestarla, aunque existe un memorándum del 2011 llamado Lugares Sensibles en donde se especifica que ICE no debería entrar en iglesias, escuelas, manifestaciones ni hospitales. Esto no garantiza que no vayan a entrar. Algunos párrocos de la ciudad de Nueva York han denunciado que ICE se ha hecho visible en sus reuniones y misas. El grupo New Sanctuary Coalition, que ayuda inmigrantes indocumentados y lidera el movimiento santuario que apoya a mujeres como Debora, asegura estar bajo ataque y vigilancia del gobierno federal.
“No quiero ser una madre más separada de sus hijos”, dice Debora conteniendo el llanto y refiriéndose a la situación que explotó en la frontera recientemente cuando el gobierno implementó la política de tolerancia cero que conllevó la separación de familias. Sus dos hijos son estadounidenses. El mayor, Kenner, tiene 11 años y sueña con trabajar para la NASA y construir naves espaciales. “Necesito a mi mamá conmigo”, dice delante de la prensa. La más pequeña, Berenice, tiene dos años y vive en la iglesia con su mamá.
Debora no es la única mujer que ha tomado santuario. La guatemalteca Amanda Morales lleva casi un año dentro de una iglesia en el barrio de Washington Heights en el norte de Manhattan. Otra guatemalteca, Aura Fernández tomó santuario en otra iglesia de Manhattan en mayo de este año, después de que inmigración le comunicara que tenía que presentarse para ser deportada. Todas estas mujeres están pidiendo a las autoridades de inmigración que sus casos sean revisados.
Tomar santuario implica no poder salir de la iglesia. Por eso, la New Sanctuary Coalition coordina a voluntarios para atender a las madres encerradas. Según el párroco Juan Carlos Ruiz, coordinador de la organización, para atender las necesidades de Amanda Morales hay una red de cien voluntarios que se organizan para realizar tareas, como por ejemplo ir a buscar a los hijos de Amanda en la escuela.
Tomar santuario es arriesgado. En Denver, Eliseo Jurado fue arrestado después de que su mujer, la inmigrante activista Ingrid Encalada Latorre, se refugiara en una iglesia. ICE comunicó que gracias a la investigación que habían hecho sobre Latorre habían podido saber del caso de Eliseo Jurado, su esposo, y arrestarlo.
De cómo la policía ayuda a ICE
Para Debora las cosas se complicaron un día que regresaba de llevar a su hijo al médico. Iba conduciendo por la localidad de Harrison, en New Jersey, y un policía la paró por dos faltas que ella dice que no cometió: “el policía dijo que mi hijo no llevaba el cinturón y que además no había puesto la luz para girar, pero no es verdad, me paró por mi perfil racial, porque era racista”, explica Debora. Cuando el agente introdujo la fecha de nacimiento y el nombre de ella en el sistema, le salió que tenía un caso abierto con inmigración. Después de llegar al país, no rellenó su petición de asilo en el plazo de un año, como contempla la ley, porque nunca recibió los documentos. El agente le dio fecha para presentarse a las oficinas de ICE.
Durante mucho tiempo, esta ha sido una manera de perseguir y deportar a inmigrantes sin papeles en el interior del país. Mientras en estados como California y ciudades como Nueva York la policía no coopera abiertamente con inmigración —son las llamadas jurisdicciones santuario— hay otros estados donde la policía ayuda a ICE a encontrar a personas sin papeles, como los estados de Arizona o de Texas.
Normalmente, las policías locales o de los condados que deciden cooperar con ICE retienen a la persona indocumentada por 48 horas en la cárcel una vez esta queda en libertad. En algunas de estas ciudades santuario, como es el caso de Nueva York, aunque no haya una cooperación directa de la policía con inmigración sí que se comparten los datos de las personas que la policía de Nueva York arresta con inmigración, a través del FBI.
De esta manera, ICE puede localizar a inmigrantes sin papeles que han cometido un delito menor como saltarse la valla del metro, vender sin permiso o una simple violación de tráfico. Desde que Trump llegó a la presidencia, ha tratado de cortar la financiación a las jurisdicciones santuario y aumentar la cooperación directa de las policías locales con la policía de inmigración.
La separación de familias no solo se da en la frontera. Dentro del país se están deportando a muchas personas y se han hecho grandes redadas en lugares de trabajo como la que hubo en una planta de empaque de productos cárnicos en Ohio donde 146 trabajadores fueron arrestados por ICE en la redada más grande efectuada en una industria de la última década.
Debora es consciente de que si la deportan y se lleva a sus hijos con ella estos no tendrán las mismas posibilidades en Guatemala que en los Estados Unidos. Tampoco quiere regresar a un país donde su vida correría riesgo por los altos niveles de violencia.
Una maquinaria de deportación en marcha
La ley de inmigración no se ha cambiado desde 1996, con la ley que aprobó Bill Clinton y que sentó las bases para las deportaciones que vinieron con los siguientes presidentes. El presidente George W. Bush a través de la Partiot Act, después de los ataques de 9/11, creó el Departamento de Homeland Security y cambió la naturaleza del sistema de inmigración convirtiendo los Servicios de Naturalización que existían anteriormente en tres agencias distintas: ICE, la agencia de aduanas e inmigración; CBP, la agencia de la policía fronteriza; y USCIS que es la agencia que se encarga de procesar los visados, green cards y naturalización de ciudadanos.
Con la creación de las agencias ICE y CBP, que se conocen como la policia de inmigración, se creó un sistema de deportación que se ha ido expandiendo. Obama no paró el sistema de deportaciones si no que se enfocó en los inmigrantes con antecedentes penales, aunque ya hubieran pagado sus condenas y estuvieran bien integrados a la sociedad. Obama deportó a tres millones de personas, un millón más que Bush. Durante el primer año fiscal de Trump, el número de arrestos subió un 42% y casi se triplicó el número de arrestos de personas sin antecedentes penales.
Cuenta atrás para reunificar las familias
Después que Trump firmara su orden ejecutiva que revocaba la separación de familias en la frontera, el gobierno ha dejado de criminalizar temporalmente a los inmigrantes que llegan y está tratando contrarreloj de reunificar a los niños separados tal y como lo exige una decisión de la corte de San Diego. Según el Departamento de Salud, son 3.000 mil niños, cien de ellos menores de cinco años. El gobierno está buscando voluntarios para hacer análisis de ADN para emparejar a las familias separadas. El problema es que el departamento que se encarga de los niños, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, no tiene ningún tipo de contacto con el Departamento de Homeland Security que se encarga de los padres.
La activista Jessica Lorena de la organización Tejas Barrios, en Houston, ha estado haciendo trabajo con familias que buscan a sus hijos y organizando acciones de protesta como las muchas que se han llevado a cabo en todo el país. Jessica Lorena explica que la situación en la frontera es muy grave con niños muy pequeños presentándose delante de un juez: “El problema ahora es que a muchos padres ya les deportaron pero no tienen a sus hijos y esos niños muy pequeños tiene que ir ante un juez y representarse a ellos mismos para no ser deportados, ha habido un caso de un bebe de ocho meses ante el juez”.
Esta situación que describe Jessica Lorena ha sido una de las consecuencias más graves de la política de tolerancia cero. En las redes sociales, ha circulado un vídeo que es una reconstrucción de lo que viven los menores cuando son llevados a corte. En el vídeo se puede ver a niños que ni siquiera pueden sentarse en la silla con los pies en el suelo de lo pequeños que son. Algunos niños no saben lo que es un abogado ni por qué están allí.
Barbara Mandel es una abogada de oficio en el distrito de Nuevo México. Mandel tiene un cliente encerrado en un centro de detención en Texas que no sabe cómo se reunirá con su hijo de cuatro años que está en un centro en Maryland. El cliente de Mandel tiene que ser deportado, pero parece ser que el consulado de Guatemala no da los documentos a ICE para el viaje hasta que la persona no esté reunida con su hijo.
Según explica Mandel, el trabajador social de su cliente dice lo contrario, que no enviará a su hijo a Guatemala hasta que el cliente sea deportado: “ahora tengo que contactarme con el consulado de Guatemala y el trabajador social para ver si están de acuerdo porque a mí me parece que finalmente no le van a regresar a su hijo, no sé lo que está pasando”, explica Mandel. La abogada pudo saber la localización del hijo de su cliente porque la Oficina de Refugiados y Reasentamiento contactó con familiares del niño que viven en los Estados Unidos.
Criminalizados por el Gobierno
Mandel también denuncia que no se está respetando el derecho a un juicio justo: “En algunos casos les prometen a las personas que si abandonan sus peticiones de asilo se les devolverán sus hijos, pero cuando lo han hecho al final no se los han devuelto”.
La activista Jessica Lorena cree que parte del problema es que el gobierno no quiere ver inmigración como una causa humanitaria: “los políticos lo están viendo como política cuando en realidad debería ser tratado como un tema humanitario y analizar la causa de por quÉ la gente sale de sus países”.
Mandel explica que la situación en la frontera “está siendo un trabajo duro, complicado y triste”, también cree que el gobierno está haciendo “política” criminalizando a los inmigrantes que buscan asilo: “Hemos visto a esta población por muchos años y es muy triste verlos criminalizados por el gobierno porque esta gente no es mala ni son criminales, solo están tratando de buscar una vida mejor para su familias”.
Debora Barrios dijo ante la prensa que no quería ser una madre más separada de sus hijos cuando hizo público su caso en medio de la crisis que se estaba viviendo en la frontera sur. La separación de familias sucede en la frontera y en el interior del país. Por ahora, las paredes de la iglesia son el refugio de Debora y las otras mujeres que han tomado santuario para quedarse en los Estados Unidos con sus hijos. Las familias ya separadas tienen que luchar contra la burocracia y la falta de organización de las agencias que se encargan de los niños.
