El asesinato de la líder lenca, ganadora del premio Goldman, Berta Cáceres ha puesto el foco a la violación de los derechos humanos, la fuerte violencia y la impunidad que se vive en Honduras.
Otro integrante de la misma organización de Bertha Cáceres, Nelson García, fue asesinado recientemente. Dos de los inversores de la presa contra la que pelearon Cáceres y García han decidido retirarse temporalmente del rio Gualcarque.
“Lo que está pasando en Honduras es horrible”, dice Olivia Marcela Zúniga, la hija mayor de Bertha Cáceres, en una conversación telefónica con esta periodista. “Solo en un día mataron a Nelson García y desalojaron a 150 familias de la comunidad Rio Chiquito, condenaron a 10 años de cárcel a un periodista conocido (David Romero), le pegaron un tiro a un dirigente campesino y pusieron preso a un dirigente del MUCA. Solo en un día, en Honduras”, señala Olivia con voz triste pero contundente.
Honduras es uno de los países más mortíferos para los defensores del medio ambiente, pero también lo es para otras profesiones como periodista, abogado, político, defensor de los derechos humanos, de las mujeres y de la comunidad LGBTI.
Des de 2010, y en solo cinco años, 109 personas fueron asesinadas por defender el medio ambiente. Des de 2009 más de cuarenta[1] periodistas fueron asesinados. Solo en enero de 2015 se contabilizaban 15 profesionales del derecho[2] asesinados.
También es uno de los países mas mortíferos para cualquier ciudadano, sobretodo para los más jóvenes.
La hija de Bertha Cáceres pregunta: “qué pasa con las personas que están dando la batalla en sus territorios si se atreven a hacer esto a mi mamá que fue tan reconocida internacionalmente?”.
El país de la impunidad
Justo después del asesinato, los familiares de Bertha Cáceres, juntamente con la organización que Cáceres coordinaba, el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), pidieron una “comisión internacional imparcial” para investigar un crimen que consideran “político”, y responsabilizaron directamente “a la empresa DESA y a los organismos financieros internacionales que respaldan el proyecto”.[3]
También presentaron unas medidas cautelares entre las que contaban la cancelación del proyecto y de todas las concesiones, además de pedir garantías de seguridad para la familia de Bertha Cáceres, los miembros del COPINH y todas aquellas personas que defienden los derechos humanos. “Pero el gobierno no nos ha contactado para nada, ni tan solo para mandarnos una propuesta de las medidas cautelares”, dice Olivia.
Olivia cree que el caso de su mamá se resolverá de alguna manera “pocamente satisfactoria” por la presión internacional, pero le preocupa la impunidad que hay en el país: “Probablemente no se va a atacar la raíz del problema que es la entrega de nuestros territorios. Hay muchos casos en los que no se hizo justicia. Quizá este sea un momento para el movimiento popular para exigir justicia para estas personas también. “
En Honduras un 80% de los homicidios quedan impunes. [4]
La misión internacional justicia para Berta se desplazó a Honduras para solicitar una investigación internacional y las mismas demandas que la familia de Bertha y el COPINH pidieron. La misión declaró al periódico El Público su preocupación por la falta de cooperación y transparencia del gobierno hondureño y su miedo a que las investigaciones solo se dirijan a un posible “crimen pasional” o un problema entre los mismos integrantes del COPINH.
Asimismo se expresaba Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional: “Las autoridades hondureñas dicen una cosa y hacen otra. Nos han dicho que están decididas a encontrar a los responsables de la muerte de Bertha Cáceres, pero no han seguido las líneas de investigación más básicas, incluido el hecho de que Bertha llevaba mucho tiempo recibiendo graves amenazas de muerte en relación con su labor de defensa de los derechos humanos”.
El único testigo del asesinato de Cáceres es Gustavo Castro, un activista para los derechos humanos de la organización Otros Mundos, con sede en Chiapas, que se encontraba reunido con ella.
Castro declaró, en una carta abierta a la prensa, que el lugar del asesinato había sido alterado y que teme por su vida.
El activista mexicano fue interceptado en el aeropuerto de Tegucigalpa por una orden de la fiscalía de la Esperanza, donde ya había prestado declaración, cuando intentaba regresar a México. Castro debe permanecer en el país por treinta días para ayudar a esclarecer el asesinato.
Defensores de los derechos humanos de Honduras interpusieron en la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas corpus para Gustavo porque se considera ilegal la retención física de un testigo por más de seis horas.
Olivia no confía en las investigaciones del gobierno: “Nosotros como familia no confiamos lo mas mínimo en las investigaciones del ministerio público porque fuimos testigos de cómo se contaminó la escena del crimen”.
Des del asesinato de Bertha, sus hijas y el COPINH han hecho un llamamiento popular a la movilización. Hubo manifestaciones en Tegucigalpa el 17 y 18 de marzo en el marco de la gran movilización de pueblos indígenas y negros de Honduras.
Según Lilian Esperanza López, miembro del COPINH, autobuses de manifestantes de la organización que se dirigían a Tegucigalpa para la movilización fueron retenidos por la policía: “hubo represión por parte del gobierno pues muchos buses de la comunidad de Rio Blanco fueron retenidos para impedir que la marcha llegara a Tegucigalpa”.
La familia y los integrantes del COPINH temen por sus vidas: “Hay una represión horrible contra nosotros; nos persiguen carros y nos toman fotos; estamos en una situación de riesgo y prácticamente en cualquier momento nos pueden asesinar”, explica Olivia.
Olivia manifiesta también su temor a una campaña de desprestigio contra ella y sus hermanas.
Reacción internacional
Pero el asesinato de Bertha Cáceres y el de Nelson García han empezado a cambiar cosas.
El Banco de Desarrollo Holandés comunicó que retiraba sus fondos para todos los proyectos que tenía en Honduras, incluido Agua Zarca, el proyecto contra el cual Bertha Cáceres luchó y le costó la vida. En la misma línea se expresó un día después el banco finlandés Finnfund, que decidió suspender su inversión.
De momento el máximo inversor, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que apoya la represa con 24.4 millones de dólares, no se ha pronunciado.
Según explica Olivia, la agencia USAID (Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional) canceló su ayuda en el proyecto después que las hijas de Bertha Cáceres se reunieran con el embajador norteamericano en Honduras. Según un portavoz de USAID a esta periodista: “Los Estados Unidos no han invertido y no invierten ni en el proyecto Agua Zarca ni en DESA, y no ha tomado posición a favor o en contra del proyecto”. Cuando la periodista preguntó si se había cancelado el proyecto MERCADO, por el cual USAID y DESA firmaron un trato de ayuda a la comunidad de San Francisco Ojuera, la agencia USAID no respondió nada.
Más de sesenta congresistas norteamericanos pidieron formalmente en una carta a John Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos, retirar toda ayuda financiera a Honduras hasta que el gobierno muestre datos “fehacientes” del asesinato de Cáceres.
Para el año fiscal 2016, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama pidió al Congreso norteamericano 157.7millones de dólares de ayuda económica para los países del Triangulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Esta ayuda está administrada por la agencia USAID para, entre otras cosas, “mejorar el negocio del medio ambiente, la utilización de los recursos naturales y su planificación”.[5]
Obama también pidió 4.5 millones de dólares para ayuda al ejército y al entrenamiento militar. [6]
Lilian Esperanza López explicó a esta periodista que las obras se pararán a raíz de las declaraciones del banco holandés de retirarse del proyecto.
La historia de una lucha para defender el rio
Bertha Cáceres fue asesinada la madrugada del 3 de marzo cuando supuestamente dos personas forzaron la puerta trasera de la casa donde se alojaba en La Esperanza, en el departamento de Intibucá. Le dispararon. Lo que pasó concretamente aquella noche es confuso.
Cáceres unió a la comunidad lenca para frenar el proyecto de construcción de una presa que la compañía hidroeléctrica más grande de Honduras, Desarrollos Energéticos SA (DESA), y la empresa china Sinohydro tenían planeado edificar en el rio Gualcarque, rio sagrado para la comunidad lenca.
DESA y Sinohydro se juntaron bajo el nombre de Agua Zarca Dam y recibieron una concesión de construcción del gobierno de Honduras. [7]
La concesión fue otorgada después que el gobierno aprobara una ley en el Congreso en el 2010 que facilitaba la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera por parte de empresas privadas y fondos internacionales. [8]
Este tipo de concesiones se intensificaron después del golpe de estado contra Manuel Zelaya en 2009.
Durante el primer año de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, se pactó con el Fondo Monetario Internacional un monto de 188.6 millones de dólares a cambio de reducir el déficit presupuestario y de aplicar medidas estructurales, entre ellas, la privatización parcial de las dos últimas compañías estatales.
El gobierno de Hernández también aceleró las concesiones a empresas privadas para la construcción de hidroeléctricas y para la explotación minera, así como la creación de las Ciudades Modelo, ciudades donde los inversores dispondrían de autonomía para crear su propia legislación. [9]
El rio Gualcarque es sagrado para el pueblo lenca. Es el rio quien alimenta y sustenta la vida de la comunidad indígena.
La legislación internacional defiende las tierras de las comunidades indígenas en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de los Pueblos Indígenas. Estos tratados requieren a las compañías y gobiernos que quieren construir en tierras indígenas el permiso, consulta y consentimiento de la comunidad afectada. [10]
El pueblo lenca acusa al gobierno y a las compañías de haber violado los tratados internacionales ya que no fueron consultados antes de iniciar el proyecto. [11]
Liderado por Bertha Cáceres y el COPINH, la comunidad lenca empezó a mostrar su rechazó al proyecto en el 2011. Dos años más tarde, se incrementaron e intensificaron las protestas. La comunidad se organizó para bloquear la entrada de la empresa al rio. Bertha Cáceres y otros líderes del COPINH se vieron involucrados en distintos problemas con las autoridades. [12]
El verano de 2013, en una acción pacifica para bloquear el paso de la compañía al rio, los soldados abrieron fuego contra los manifestantes dejando a varios heridos y a asesinando a uno de los líderes, Tomas García.[13] Tres compañeros más del COPINH habían sido ya asesinados.
El asesinato de García supuso un cambio.
La empresa Sinohydro decidió renunciar al proyecto a la vez que la Corporación Financiera Internacional, el brazo privado del Banco Mundial, decidía retirar su financiamiento.
DESA lo intenta de nuevo
Pero DESA volvió, a mediados de 2015, a intentar la construcción de la presa en otra parte del rio, en el municipio de San Francisco Ojuera, en el Departamento de Santa Bárbara. Los inversores esta vez eran FMO-Banco holandés, Finnfund, Banco Centroamericano de Integración Económica, Siemens, VoithHydro, Empresa CASTOR, Constructora Cerros de Comayagua, Banco FICOHSA, SERNA y el grupo empresarial de la familia Atala.
Aunque muchas fuentes citan a USAID como uno de los inversores en el proyecto de Agua Zarca, un portavoz de la agencia dijo a esta periodista que ellos no tenía nada que ver con el proyecto. A pesar de todo, DESA y USAID firmaron un convenio de apoyo a los productores de Santa Barbará e Intibucá a través de un proyecto llamado MERCADO.
Según explica Olivia, “DESA y el alcalde nacionalista de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda, coaptaron, a través de USAID a la población poniendo un proyecto asistencialista llamado MERCADO con el que le daban comida, juguetes, piñatas y dulces a los niños y a la gente”.
Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. Más de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza y casi la mitad en extrema pobreza. [14]
Según Olivia se aprovecharon del hambre de la gente.
La comunidad de Rio Blanco se organizó en patrullas de vigilancia de 24 horas para impedir el acceso de la compañía al rio. Las amenazas a Bertha y otros compañeros del COPINH se incrementaron fuertemente. Según cuenta Olivia su mama había sido agredida y amenazada de muerte públicamente por el mismo alcalde de San Francisco Ojuera, Raúl Pineda[15], quien, según Olivia, “se hizo millonario de un día para el otro”.
Bertha Cáceres había sido amenazada repetidas veces, también su familia, pero en los últimos meses las amenazas y hostigamientos la hicieron temer por su vida. Dos de sus hijas y su hijo vivían en el extranjero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido medidas cautelares de protección para Bertha.[16]
Cuando Bertha fue asesinada no había nadie protegiéndola.
Olivia dice que ella esperaba que “el estado le iba a garantizar de alguna manera mas protección, que por su imagen internacional no iban a hacer esto”.
En Honduras se compara a Bertha Cáceres con el héroe nacional Indio Lempira, que también era lenca y dio su vida por defender su tierra de los colonizadores españoles. Para muchos fue y será la madre de los ríos. En su comunidad lenca, y para los que la conocían, era Bertita, Bertica.
Olivia comenta: “nuestra primera impresión fue que la gente iba a quedar aterrorizada por lo que estaba pasando porque ¡púchica! si mataron a Berta Cáceres, que era tan reconocida, ¿qué va a pasar con nosotros?”
“Pero la gente, al contrario, salió masivamente al entierro de mi mamá, indignados, gritando justicia”. Sentencia.
[1] Peter Meyer, “Honduras: Background and US Relations,” Congressional Research Service. May 20, 2015, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34027.pdf , pág. 21
[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de derechos humanos en Honduras. Diciembre, 2015, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf , pág. 29
[3] https://copinh.org/article/comunicado-familia-bertha-caceres-y-copinh/
[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de derechos humanos en Honduras. Diciembre, 2015, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf , pág. 13
[5] Peter Meyer, “Honduras: Background and US Relations,” Congressional Research Service. May 20, 2015, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34027.pdf , pág. 17
[6] Peter Meyer, “Honduras: Background and US Relations,” Congressional Research Service. May 20, 2015, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34027.pdf , pág. 17
[7] Annie Bird, “The Agua Zarca Dam and Lenca Comunities in Honduras: Transnational Investments leads to Violence against and Criminalization of Indigenous Communities”, Rights Action. October, 2013, http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_131001_RioBlanco_Final.pdf , pág. 15
[8] Annie Bird, “The Agua Zarca Dam and Lenca Comunities in Honduras: Transnational Investments leads to Violence against and Criminalization of Indigenous Communities”, Rights Action. October, 2013, http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_131001_RioBlanco_Final.pdf , pág. 15
[9] Peter Meyer, “Honduras: Background and US Relations,” Congressional Research Service. May 20, 2015, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34027.pdf , pág. 11 y 12
[10] Annie Bird, “The Agua Zarca Dam and Lenca Comunities in Honduras: Transnational Investments leads to Violence against and Criminalization of Indigenous Communities”, Rights Action. October, 2013, http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_131001_RioBlanco_Final.pdf , pág. 4
[11] Annie Bird, “The Agua Zarca Dam and Lenca Comunities in Honduras: Transnational Investments leads to Violence against and Criminalization of Indigenous Communities”, Rights Action. October, 2013, http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_131001_RioBlanco_Final.pdf , pág. 4
[12] Annie Bird, “The Agua Zarca Dam and Lenca Comunities in Honduras: Transnational Investments leads to Violence against and Criminalization of Indigenous Communities”, Rights Action. October, 2013, http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_131001_RioBlanco_Final.pdf , pág. 8
[13] http://copinhonduras.blogspot.com/2013/07/denuncia-urgente-el-ejercito-de.html
[14] Peter Meyer, “Honduras: Background and US Relations,” Congressional Research Service. May 20, 2015, https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34027.pdf , pág. 2
[15] http://copinhonduras.blogspot.com/2016/02/copinh-denuncia-urgente.html
[16] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de derechos humanos en Honduras. Diciembre, 2015, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf , pág. 31
