Originalmente publicado en El Salto Dario
La administración Trump ha decidido procesar con delito criminal a toda persona que cruce la frontera, lo que provoca que los hijos sean separados de sus progenitores.
Inmigración ha abierto procesos de deportación a reconocidos activistas que llevan años luchando por la regularización de los inmigrantes sin documentos.
Nueva York
A finales de diciembre del año pasado, Maru Mora recibió una carta del Departamento de Homeland Security en el buzón de su casa. En la carta, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) le comunicaba que se había iniciado un procedimiento de deportación en su contra. Maru Mora es una activista por los derechos de los inmigrantes que lleva tiempo haciendo trabajo en su comunidad del estado de Washington, al noroeste del país, con las organizaciones Mijente y Northwest Detention Resistance.
Poco después, Alejandra Pablos, una activista por los derechos reproductivos de las mujeres latinas en Virginia Latina Advocacy Network y una incansable activista con la organización Mijente, era arrestada sin previo aviso en una manifestación en Virginia en la que nadie más fue arrestado. Pablos terminó encerrada más de 40 días en el Centro de Detención de Eloy, en el estado de Arizona, un centro privado que genera beneficios y que es uno de los peores de los Estados Unidos.
Tolerancia cero en la frontera
El gabinete de Trump ha decidido dar un golpe de fuerza contra las personas que tratan de llegar a los Estados Unidos aplicando una política llamada tolerancia cero (zero tolerance, en inglés) que significa que cualquier persona que cruza la frontera es procesada por un delito criminal de entrada ilegal, sin contemplar las peticiones de asilo político. Cuando llegan familias, los hijos son separados de sus padres porque estos son procesados por un delito criminal y los hijos quedan bajo custodia del Departamento de Salud y Derechos Humanos. Esta última medida, que se implementó en abril, se suma a una lista de ataques que Donald Trump y el fiscal general Jeff Sessions vienen llevando a cabo desde que llegaron a la Casa Blanca.
Harold Solis es un abogado de la organización Immigrant Justice Corps: “No ha habido ningún cambio en la ley que les obligue a separar a las madres y padres de los hijos, lo que las otras administraciones hacían en estos casos era poner a las familias que pedían asilo juntas en el sistema civil y quizás los detenían juntos, pero no los separaban. Esto es nuevo”.
Por este motivo, las Naciones Unidas han alertado a los Estados Unidos que separar familias es una violación del derecho internacional.
En su presupuesto para 2019, Trump quiere aumentar casi un 8% su presupuesto para Homeland Security, que es la agencia de la que dependen ICE y la policía fronteriza. Se quieren contratar a 2.000 nuevos agentes de ICE, pero solo a 75 jueces nuevos. Aumentar el número de detenidos sin contratar más jueces ha provocado que las cortes de inmigración estén más saturadas de lo habitual y se llevan a cabo juicios masivos donde en algunas situaciones un juez ve casi seis veces más acusados que antes, según un artículo publicado en The Intercept. Las organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes temen que se esté poniendo en peligro el derecho a un juicio justo (due process en inglés).
Otra de las tácticas aplicadas es la persecución de los inmigrantes que han alzado su voz y han liderado las luchas a favor de los derechos de los inmigrantes y en contra de ICE, también conocido como La migra. Estas personas ya estaban activas durante la era Obama y lucharon en su momento para ayudar a los afectados por procesos de deportación.
Solis cree que la administración está tratando de crear miedo entre la comunidad: “El mensaje detrás de estas políticas es la de asustar a la gente para que dejen de venir aquí, pero cuando las vidas de las personas están en riesgo no tienes otra alternativa más que huir”.
El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo en la estación de radio NPR que el objetivo de esta política es “rebajar los números de personas ilegales que tratan de cruzar la frontera”.
El caso de Maru Mora
Maru Mora llegó a los Estados Unidos desde México en el año 1996 con un visado de turista y se quedó en el país una vez su visa expiró. Lo primero que pensó cuando recibió la carta de ICE fue: “no vamos a parar porque lo que ICE está tratando de hacer es intimidarnos”.
La carta no daba detalles de las razones por las cuales ICE había decidido iniciar un proceso de deportación en contra de Mora pero ella solicitó al juez de inmigración el documento que especifica las razones y que están obligados a mostrar bajo el derecho de información pública. Los grupos de derechos de los inmigrantes le dijeron que probablemente era por su activismo. No recibieron respuesta de la oficina de información pública y finalmente tuvo que ser una senadora quien solicitara esta información. Cuando la recibieron, supieron que Mora estaba siendo perseguida por ser una “activista anti-ICE” que “hace trabajo a favor de la gente latina”. Estos eran los motivos para iniciar su deportación. Maru ha presentado una demanda en contra de ICE por no facilitarle esa información pública.
“La importancia de localizar este documento era probar que me quieren deportar por mi activismo”, señala Mora. Cuando se abre un proceso de deportación normalmente la persona tiene tres audiencias antes de la orden final. Mora ya acudió a la primera y la segunda se aplazó. Su caso todavía está pendiente.
Para Mora, los objetivos de la administración de Trump son muy claros: “Estamos bajo un régimen fascista, una limpieza étnica; quieren un país donde la gente y sus cuerpos morenos y negros sean desechables, que puedan venir a trabajar, ser explotados legalmente, pero que después se puedan deshacer de ellos sin ningún problema, y que todo sea legal”.
El caso de Alejandra Pablos
Alejandra acudió a una manifestación en Virginia para protestar contra un centro de detención y la arrestaron. No hubo ningún aviso previo al arresto, como es habitual. Alejandra habló por el micrófono pero no fue la única, unas treinta personas más también hablaron. Un oficial del Departamento de Homeland Security, que no tiene permiso para hacer arrestos en esta área, se metió en la multitud y agarró a Alejandra sin previo aviso. La policía local llegó después y dio el aviso verbal. Pero a Alejandra ya la habían detenido. Ella cree que fue arrestada por su activismo.
Pablos tiene un proceso abierto con inmigración por antecedentes penales: un arresto de drogas y conducción bajo el efecto del alcohol. Esto la llevó a pasar dos años de su vida en Eloy Detention Center de 2011 a 2013. Allí se politizó. En el Estado de Arizona, el Departamento de Justicia colabora directamente con Inmigración, no es uno de los llamados “Estado santuario”. De esta manera, por un simple delito menor las personas indocumentadas pueden acabar en manos de ICE si entran en contracto con el sistema policial.
Cuando Pablos fue a su cita de rutina con inmigración, ICE la agarró por el arresto en la protesta. Los algoritmos que clasifican a la gente, el programa Risk Management Assessment, decidió que Pablos tenía que entrar al centro de detención de nuevo sin fianza. Alejandra paso más de 40 días encerrada de nuevo.
El centro siempre está lleno, ya desde la era Obama porque hay una “cuota de camas” que llenar. Es un negocio que da beneficios. “Las condiciones en el centro son mucho peores que antes, ahora los guardianes ya no te ayudan y el sistema médico, que funciona bajo una empresa diferente a la que gestiona la cárcel, ha cambiado mucho para peor”, dice Pablos.
El ataque a New Sanctuary Coalition
New York Sanctuary Coalition es una organización que ayuda y atiende a los inmigrantes a gestionar sus casos con inmigración, como por ejemplo, rellenar una petición de asilo. Es una de las organizaciones más activas en Nueva York. A principios de este año, dos personas de la organización fueron puestos en procedimientos de deportación. Son Jean Montrevil y Ravi Ragbir.
Montrevil fue deportado finalmente a Haití, mientras que Ragbir, director de la organización y poseedor de un permiso de residencia (green card, en inglés), presentó una demanda denunciando que ICE estaba vulnerando su libertad de expresión. El caso no se resolvió favorable a Ragbir, que sigue pendiente de su procedimiento de deportación. Ragbir ha vivido por veinte años en los Estados Unidos.
La organización también ha iniciado una campaña para dar santuario a cuatro mujeres que tienen procedimientos de deportación abiertos. Las mujeres se han encerrado en una iglesia, lugar supuestamente llamado “santuario” y donde inmigración no puede entrar.
Juan Carlos Ruiz explica qué es el movimiento santuario: “de qué nos sirve ser ciudadanos en este país cuando tenemos que armarnos hasta los dientes para sentirnos seguros, cuando tenemos que trabajar 80 horas para tener casa, educación para nuestros hijos… el movimiento santuario es una visión en que la persona puede vivir en dignidad y justicia más allá de un estatus migratorio, no solo para quien es inmigrante sino para toda la gente que está oprimida”, concluye Ruiz.
